La llamada rectoría del Estado parece haberse convertido en
los nuevos tiempos priístas en la palabra clave que permite explicar,
justificar, alabar y llevar a cabo un conjunto de políticas reformadoras. Se
recupera la rectoría del Estado en educación al encarcelar a la señora Gordillo
a pesar de que los charros sigan controlando el sindicato; sin embargo, no se
pierde la rectoría del Estado al abrir el petróleo a la inversión privada
nacional y extranjera cuando sólo se podrán cobrar menguados impuestos, y se
consolida la rectoría del Estado en telecomunicaciones al aceptar el ingreso
del monopolio Slim en televisión y viceversa del monopolio Azcárraga en
telefonía. Una rectoría del Estado cuyos principios se acomodan a los intereses
dominantes.
No son pocos los analistas, diputados, senadores, partidos y
merolicos de la televisión que repiten todos los días estas falacias para
confundir. La pregunta evidente sería: ¿qué entienden por Estado y por rectoría
del Estado, cuando se utiliza para caracterizar procesos tan aparentemente
disímiles? Seguramente el meollo radica en que la injerencia dañina del SNTE
vulnera al Estado, mientras la benéfica injerencia del capital privado lo
fortalece. En realidad me parece que es exactamente al revés: en el caso de la
educación nunca se perdió la famosa rectoría, es un pretexto para controlar a
los maestros; con el petróleo el Estado está muy dispuesto a cederla y, aunque
se privatice, seguirá siendo de la nación.
La mayoría de las definiciones señalan que el Estado, una
unidad de dominación que hace uso legítimo de la violencia (Weber), es una
forma específica de organización política, económica y social formada por
instituciones que sostienen el poder de regulación nacional, es el espacio
simbólico de toma de decisiones integrado por instancias que representan
poderes políticos, económicos y sociales. El gobierno no es el Estado, y
solamente la confluencia de poderes de estos diversos actores puede constituir
una política de estado. En el caso de la educación, esto es precisamente lo que
ha venido sucediendo.
Desde la formulación del Acuerdo Nacional para la
Modernización Educativa, suscrito en 1992 entre Salinas de Gortari y la señora
Gordillo, que implicó las lesivas reformas al artículo tercero constitucional y
la concreción de la descentralización educativa, hasta la Alianza por la
Calidad de la Educación, suscrita por Calderón y la misma vitalicia dirigente,
hay una perfecta sincronización y continuidad en las políticas educativas. El
objetivo de esta educación neoliberal ha sido desmantelar tenazmente el secular
proyecto de diversas generaciones para edificar una educación universal,
pública, gratuita, laica, democrática, incluyente y bajo principios de equidad,
lo que, en los hechos, significa la abolición de uno de los derechos
fundamentales por el cual el pueblo mexicano ha luchado a lo largo de su historia.
La rectoría del Estado no ha sido vulnerada, puesto que
comparten plenamente los gobiernos priístas y panistas con el SNTE, con los
empresarios y con la Unión de Padres de Familia, la visión de una nueva
educación, eficientista, empresarial, privatizadora, que ha establecido
mecanismos perversos de control y mercantilización a través de las evaluaciones
y estímulos, que ha trastocado las currículas empobreciéndolas con estándares y
competencias, instrumentalizándolas con la prueba Enlace. Hoy la educación ni
es pública, ni gratuita, ni laica. Y además, como gran triunfo de la supuesta
recuperación de la rectoría del Estado, se anulan unilateralmente los derechos
laborales de los maestros.
Esta complicidad plena entre gobiernos y líderes sindicales
es conocida; el corporativismo sindical ha sido siempre definido como la
subsunción de los sindicatos a los intereses del Estado, práctica añeja en
nuestro país desde los tiempos en que Morones fue designado secretario del
Trabajo y que solamente tuvo un paréntesis de independencia en la época
cetemista de Lombardo. Desde el famoso charro Díaz de León, el charrismo ha
sido el aliado estratégico del Estado mexicano para desplegar todas sus
políticas. Pero criar cuervos resulta a veces peligroso y hay que disciplinarlos;
la ambición desmedida de la lideresa finalmente le costó caro, pero eso no es
más que un ajuste de cuentas interno.
El contenido esencial de la supuesta reforma educativa ya
había sido planteado desde 2008: desde que se estableció en la ACE la
evaluación universal estaba perfilado que dicha evaluación sería el mecanismo
de promoción y permanencia del magisterio; también los concursos se iniciaron
como procedimiento para el ingreso. La vitalicia Gordillo simplemente estaba
tratando de vender lo más caro posible los últimos derechos del magisterio. Ni
los empresarios ni el gobierno estaban ya dispuestos a pagarle.
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