La
corrupción es un cáncer que parece haber invadido por completo a las
instituciones, a los diferentes órganos del poder, a muchísimas empresas y a la
sociedad en su conjunto, la cual –acostumbrada a estas prácticas– la considera
parte de sí. Afortunadamente, la corrupción no es aceptada por muchísimos
mexicanos, ni ha sido practicada de la manera sistemática y absurda como sucede
hoy, dañando al país e impidiendo superar el estado de cosas en que vivimos.
La
corrupción es un problema complejo, cuyo origen es la impunidad, la cual es
especialmente grave cuando se utiliza, solapa y promueve por los presidentes de
la República y los gobernadores. Al hacerlo dan un ejemplo a sus colaboradores,
y éstos a los suyos –en cadenas cada vez más extensas– de cómo proceder para
resolver, supuestamente, los problemas de índole personal que se les van
presentando, los que frecuentemente incluyen el pago de favores, las soluciones
rápidas de problemas, la evasión de los procedimientos establecidos y
finalmente el abuso del poder que les ha sido conferido.
Cuando un
servidor público observa o se da cuenta de que su jefe puede actuar violando
los procedimientos, e incluso las leyes establecidas sin correr ningún riesgo
en vista de la impunidad imperante, ello se convierte en una invitación a
imitar lo observado, al cabo no pasa nada. Esto inicia el proceso de
reproducción de esta práctica, que eventualmente llega a todos los niveles
gubernamentales y se constituye en el tema de conversación cotidiano y con
ello, en el ejemplo a seguir para todos.
Un
problema colateral es el hecho de que al obviar los procedimientos incómodos,
los funcionarios no se detienen a reflexionar que la incomodidad aparente es
para todos, y que posiblemente su existencia no tiene ninguna razón de ser, por
lo que debieran ser eliminados, no sólo para ellos, sino de manera general,
quitando así un factor de descontento, pero también de corrupción potencial.
Usted,
amable lector seguramente ha vivido experiencias de procedimientos y trámites
absurdos que nos gustaría que no existiesen y que eliminarían fuentes
importantes de corrupción, pero que al no ser observados por los altos
funcionarios carecen de importancia para ellos y los dejan operando
indefinidamente, con todas las consecuencias que ello implica.
Existen,
desde luego, normas y procedimientos cuyo cumplimiento es estrictamente
necesario para el buen funcionamiento de la sociedad; sin embargo, para quien
ha pasado otras normas por encima, el camino a seguir es el mismo, llegando así
a asumir conductas de suma gravedad que sólo el cinismo y la impunidad hacen
posible, y que al ser comentadas se convierten en anécdotas picarescas que
dejan de lado la gravedad del problema.
Un
aspecto que considero importante señalar es el efecto que la impunidad deja en
el tiempo, cuyo efecto acumulativo podemos observar, recordando cómo la
corrupción, de presentarse en hechos aislados, realizados por unas pocas
personas –entre las que se incluyen altos funcionarios–, hoy día es una
práctica generalizada entre los diferentes niveles de la administración
pública.
Esta fue
la historia y el ejemplo de muchos de los gobiernos que ha tenido el país. Se
recuerdan por sus excesos los casos de López Portillo y de Carlos Salinas,
entre otros, y luego los de panistas, comenzando por Vicente Fox y
su gobierno del cambio, con sus escándalos comentados con asombro, por lo
desmedido también de sus actos. el saqueo de la Lotería Nacional; los
gastos del famoso Vamos México, y las actividades de tráfico de influencias,
las de desvío de fondos y abusos cometidos por la esposa del Presidente, sus
hijos y los grupos de fanáticos, religiosos apadrinados por ellos. La sociedad
entera esperó así inútilmente, que en algún momento todos o algunos de ellos
fueran llamados a rendir cuentas.
Desde su
inicio, la impunidad, y con ello la corrupción, se convirtieron en un
distintivo del actual gobierno, unidos a la falta de visión y compromiso del
Presidente. El acceso mismo al poder por Felipe Calderón, haiga sido como
haiga sido, esconde en el fondo las negociaciones de impunidad logradas por
Fox, para él y su familia a cambio de los servicios realizados. No fue, desde
luego, el único compromiso a pagar con moneda similar; la impunidad ha estado
presente a lo largo de estos seis años, lo mismo en el caso de la guardería de
Sonora, que en los contratos multimillonarios a empresas españolas y
constructoras nacionales; en las concesiones otorgadas por su primer secretario
de Gobernación a sí mismo; en la quiebra fraudulenta y solapada por el
gobierno, de Mexicana de Aviación, y en la tragedia de la mina de Coahuila,
entre muchos otros casos.
La
cultura de la impunidad ha escalado otros rubros aún más graves que los del
fraude y el abuso del poder para lograr beneficios económicos, pues el
Presidente ha pasado por encima de las leyes, en el uso del Ejército, en
asuntos de soberanía y en sus propias atribuciones del cargo, con las
consecuencias trágicas que vivimos cada día. El ejemplo que con su
comportamiento y desdén a las leyes ha dado a sus colaboradores parece no tener
límites, al grado de poner en riesgo la viabilidad misma del país.
Por ello,
gane quien gane la elección presidencial debiera ir acompañado por el compromiso
de llevar al actual Presidente y a su antecesor a rendir cuentas ante la
justicia, de manera que todo el sistema político sepa que la impunidad será
dejada atrás; ello seguramente incrementaría sus simpatías, entre grupos
significativamente más amplios que los que hoy conforman sus partidarios.
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