Como los cangrejos, el gobierno federal y el Congreso de la
Unión caminan hacia atrás en materia de instrucción pública. A contracorriente
de lo que sucede en los países democráticos, donde la descentralización de la
administración pública es la tendencia dominante, primero acordaron centralizar
la evaluación, luego la política educativa, para rematar, ahora, con la nómina
de los trabajadores de la educación.
No es un hecho aislado. La obsesión centralizadora del
gobierno de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México parece no tener límite.
Los gobernadores desfilan por las oficinas de Luis Videgaray para negociar sus
presupuestos, en lugar de hacerlo con el Poder Legislativo. Unilateralmente, ha
establecido una política de contratación masiva y centralizada de bienes y
servicios, medicamentos incluidos, mediante compras consolidadas, contratos
marco y subastas en reversa. Finalmente, en lo que constituye un grave asalto
al pacto federal, se dispone a desaparecer los institutos electorales de los
estados y a sustituirlos por uno de competencia nacional.
La decisión de que el gobierno federal quite a los estados el
control sobre el pago de nómina a los maestros de educación básica fue
justificada en nombre de la transparencia, del afán por evitar la duplicidad de
plazas y de la decisión de cancelar la doble negociación gremial.
En los hechos, la recentralización es la expedición del
certificado de defunción del Acuerdo para la Modernización de la Educación
Básica. Es, por tanto, la confesión pública del fracaso de una política que
hizo de la descentralización la panacea a todos los males de la enseñanza en el
país.
Efectivamente, desde comienzos de los años 80 del siglo pasado,
la descentralización se convirtió en una obsesión gubernamental. El diagnóstico
oficial asoció el bajo nivel educativo con la centralización, hasta equiparar
automáticamente descentralización con mejoramiento pedagógico.
Sin embargo, al aterrizar el acuerdo las cosas resultaron
diferentes. Como señaló el Observatorio Ciudadano de la Educación, más que una
verdadera descentralización educativa, lo que se puso en práctica fue
unadescentralización centralizadora, conducida con una lógica centralista e inequitativa,
en la que la Federación nunca pretendió perder el control del proceso
educativo. Fue más una medida administrativa que pedagógica. Se exigió a los
gobiernos estatales que hicieran con menos dinero lo que la SEP hacía con más.
No obstante este fracaso, la descentralización de la
enseñanza acordada en 1992 tuvo como telón de fondo un elemento real: el enorme
e incontrolable aparato burocrático de la SEP impedía que los recursos
educativos fueran bien administrados. Por ejemplo, en lo que es una prefiguración
de lo que viene, en 1980 estallaron decenas de conflictos magisteriales en todo
el país, por graves problemas de pago, propiciados por el manejo centralizado
de la nónima.
Lo que hoy se propone con la recentralización de las plazas
es hacer crecer aún más la burocracia de la SEP. Con ello, se están creando las
condiciones para fabricar un problema de magnitud insospechada. Sin
flexibilidad alguna, las autoridades educativas van a administrar ahora mucho
más de un millón de plazas que tienen, de por sí, una gran movilidad.
Los maestros de nuevo ingreso cambian constantemente de
centro escolar, combinan su trabajo en una escuela primaria con horas de clase
en secundaria, cotizan al Issste y/o a los institutos de seguridad social de
los estados, adquieren préstamos que se descuentan de su salario. Otros toman
días económicos o se incapacitan. Miles de profesores de primaria laboran como
directores de escuela sin el contrato apropiado, con tan sólo una comisión de
por medio, porque no existen las plazas presupuestales para que lo hagan.
Pretender manejar centralizadamente un sistema laboral tan fluido y complejo,
es absurdo.
Efectivamente, hay muchas cosas que no funcionan en el Fondo
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Hay problemas serios
para establecer la matrícula y uso indebido de los recursos educativos por las
autoridades en los estados. Pero, lejos de resolver estos problemas, la
recentralización creará nuevos problemas sin solución.
El uso indebido de los recursos y la doble negociación no se
resuelven así. La corrupción en el manejo de las plazas no es algo que suceda
sólo en el nivel estatal. Toda la administración federal está llena de
prácticas de este tipo. Es falso que la centralización permita combatir la
corrupción, lo único que hace es concentrarla.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
negocia con las autoridades federales un aumento anual y sus secciones
estatales acuerdan con los gobernadores prestaciones adicionales como días de
aguinaldo y primas vacacionales. La medida corresponde al ámbito laboral; es
allí donde debe solucionarse.
La autoridad educativa debe estar cerca de las escuelas y de
las regiones en las se educa a niños y jóvenes, no a cientos o miles de
kilómetros de distancia. Requiere estar en contacto con la labor docente, con
los maestros y padres de familia, no pertrechada en una torre de marfil
informática.
La recentralización educativa no es más que una fuga hacia
adelante. Es un intento de la actual administración por huir de los problemas
provocados por su insensibilidad y autoritarismo. Lejos de resolver los graves
problemas de instrucción pública que hay en el país, los profundizará aún más.
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