miércoles, 10 de octubre de 2012

LUCHA ANTICRIMEN


Lucha antinarco: un mar de enredos
L
uego de que la Secretaría de Marina (Semar) confirmó la muerte del presunto líder deLos Zetas, Heriberto Lazcano,El Lazca, supuestamente abatido por elementos de la Armada el pasado domingo en Progreso, Coahuila, el procurador general de Justicia de esa entidad, Homero Ramos, informó que el cuerpo del presunto narcotraficante había sido sustraído de una funeraria en la ciudad de Sabinas por un grupo armado. Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, exaltó la labor de la Semar durante el referidooperativo, y se congratuló por el hecho de que, durante su gobierno, el Estado mexicano ha neutralizado a 25 de los 37 criminales más buscados.
El beneplácito del mandatario ante algo que en estricto sentido es un homicidio –independientemente de que la víctima sea un presunto delincuente presentado por las autoridades como sumamente peligroso y violento– resulta deplorable no sólo desde el punto de vista ético y político: tal actitud muestra el talante de una estrategia de combate a la delincuencia que parece preferir la eliminación física de los presuntos delincuentes que su presentación ante los tribunales correspondientes; que desacredita, en consecuencia, los mecanismos legales de procuración e impartición de justicia, y que exhibe el envilecimiento experimentado por la institucionalidad en el contexto de la actual estrategia de seguridad pública y combate a la delincuencia.
Más allá del deterioro referido y de los despropósitos discursivos, resultan alarmantes la opacidad y el desaseo con que se ha manejado la información oficial en torno al supuesto abatimiento del presunto narcotraficante. Resulta poco comprensible, por decir lo menos, que eloperativo para capturar a Lazcano –uno de los dos capos más importantes del país, según las propias autoridades– haya concluido con la entrega inmediata de su cadáver al gobierno de Coahuila –para colmo, sin haber realizado análisis periciales y forenses exhaustivos– y con el posterior hurto del cuerpo por un comando armado. A lo anterior deben añadirse las contradicciones existentes entre las informaciones manejadas por la DEA y la Semar sobre datos tan elementales como la estatura de El Lazca y su fecha de nacimiento, así como la incertidumbre que privó ayer, durante varias horas, en torno a las causas de la desaparición del cadáver del presunto narcotraficante.
Tales inconsistencias resultan preocupantes por partida doble: porque al restar verosimilitud a la versión oficial, provocan que cualquier otra resulte creíble a ojos de la opinión pública, lo cual es sumamente peligroso, y porque alimenta las suspicacias de que en eloperativo efectuado por la Marina el pasado domingo pudieron haberse cometido irregularidades graves a la legalidad y a la observancia de los derechos humanos.
Lo evanescente de los datos presentados por la autoridad en el caso, obliga a recordar el atropello cometido en junio pasado por el gobierno federal contra dos jóvenes residentes en Zapopan, Jalisco, uno de los cuales fue falsamente señalado como hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera,El Chapo, y cuya captura fue ruidosamente celebrada, en los primeros momentos, por la administración de Felipe Calderón. La ligereza con que se actuó en ambos episodios lleva a preguntarse si el gobierno no está partiendo de la apreciación de que la credulidad social carece de límites y si con ello no está estrechando, en forma acaso irreparable, los márgenes de su propia credibilidad.

miércoles, 3 de octubre de 2012

REFORMA LABORAL 2012

Por debajo de los tecnicismos y los discursos, en el fondo del debate en torno a la reforma de la legislación laboral que se prepara en el Legislativo hay dos posturas en pugna. Una está inspirada en el propósito de hacer más fácil la explotación de los trabajadores por las empresas, mediante el aprovechamiento del enorme desempleo y la pobreza mayoritaria que se abaten en el país. Para esa postura, que apela a la necesidad de incrementar la competitividad, la productividad y la rentabilidad de la economía nacional, los derechos y las conquistas laborales representan estorbos que deben ser desechados, a fin de permitir que el mercado regule por sí mismo las relaciones entre empleadores y trabajadores en evidente provecho de los primeros. En un entorno en que la oferta de mano de obra supera con mucho a la demanda, los salarios, de por sí castigados y contenidos por las directivas económicas oficiales y transnacionales, sufrirían una nueva contracción por efecto de la competencia entre aspirantes a un puesto.
Es significativo en este aspecto el dato publicado ayer en estas páginas acerca del desplazamiento de las mercancías chinas por las mexicanas en el mercado estadunidense, logrado mediante la reducción de los salarios en nuestro país. Podrá argumentarse, en efecto, un incremento de la competitividad internacional de los productos mexicanos, pero no debiera omitirse que tal fenómeno se traduce en México en una reducción de los niveles de vida y bienestar de los asalariados nacionales.
En esta lógica, en la medida en que se logre la supresión de derechos y garantías para los trabajadores será posible transformar una porción de la miseria causada por el desempleo en miseria contratada; la patronal logrará, así, aumentar sus utilidades, y la autoridad podrá presumir de una reducción significativa del desempleo. Pero, más allá de esos cuestionables logros, el país habrá dado un paso adicional a la crisis social, la desesperanza y la degradación.
Con esta perspectiva en mente, es pertinente pugnar por la postura contraria, es decir, una reforma de las leyes laborales que aliente una redignificación del trabajo, libere a los asalariados de los cacicazgos clientelares y corruptos del sindicalismo charro,preserve derechos y conquistas plasmados en el artículo 123 constitucional y, especialmente, que garantice niveles salariales acordes con el mandato contenido en su fracción VI:Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
Durante un cuarto de siglo, el régimen ha venido instaurando disposiciones legales y administrativas favorables a los patrones y perjudiciales para los trabajadores. Es tiempo de abandonar esa lógica, que ha causado gran devastación humana, y buscar fórmulas que restablezcan un mínimo grado de equilibrio social, habida cuenta de que la productividad y la competitividad sólo pueden sostenerse, a mediano y largo plazos, con una fuerza laboral capacitada y satisfecha en sus necesidades básicas.