Lucha antinarco: un mar de enredos
L
uego de que la Secretaría de Marina (Semar) confirmó la muerte del
presunto líder deLos Zetas, Heriberto Lazcano,El Lazca, supuestamente abatido por elementos de la Armada el
pasado domingo en Progreso, Coahuila, el procurador general de Justicia de esa
entidad, Homero Ramos, informó que el cuerpo del presunto narcotraficante había
sido sustraído de una funeraria en la ciudad de Sabinas por un grupo armado.
Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa,
exaltó la labor de la Semar durante el referidooperativo, y se congratuló por el hecho de que, durante su
gobierno, el Estado mexicano ha neutralizado a 25
de los 37 criminales más buscados.
El beneplácito del mandatario ante algo
que en estricto sentido es un homicidio –independientemente de que la víctima
sea un presunto delincuente presentado por las autoridades como sumamente
peligroso y violento– resulta deplorable no sólo desde el punto de vista ético
y político: tal actitud muestra el talante de una estrategia de combate a la
delincuencia que parece preferir la eliminación física de los presuntos
delincuentes que su presentación ante los tribunales correspondientes; que
desacredita, en consecuencia, los mecanismos legales de procuración e
impartición de justicia, y que exhibe el envilecimiento experimentado por la
institucionalidad en el contexto de la actual estrategia de seguridad pública y
combate a la delincuencia.
Más allá del deterioro referido y de
los despropósitos discursivos, resultan alarmantes la opacidad y el desaseo con
que se ha manejado la información oficial en torno al supuesto abatimiento del
presunto narcotraficante. Resulta poco comprensible, por decir lo menos, que eloperativo para capturar a Lazcano –uno de los dos capos más
importantes del país, según las propias autoridades– haya concluido con la
entrega inmediata de su cadáver al gobierno de Coahuila –para colmo, sin haber
realizado análisis periciales y forenses exhaustivos– y con el posterior hurto
del cuerpo por un comando armado. A lo anterior deben añadirse las
contradicciones existentes entre las informaciones manejadas por la DEA y la
Semar sobre datos tan elementales como la estatura de El Lazca y su fecha de nacimiento, así como la
incertidumbre que privó ayer, durante varias horas, en torno a las causas de la desaparición del cadáver del presunto
narcotraficante.
Tales inconsistencias resultan
preocupantes por partida doble: porque al restar verosimilitud a la versión
oficial, provocan que cualquier otra resulte creíble a ojos de la opinión
pública, lo cual es sumamente peligroso, y porque alimenta las suspicacias de
que en eloperativo efectuado por la
Marina el pasado domingo pudieron haberse cometido irregularidades graves a la
legalidad y a la observancia de los derechos humanos.
Lo evanescente de los datos presentados
por la autoridad en el caso, obliga a recordar el atropello cometido en junio
pasado por el gobierno federal contra dos jóvenes residentes en Zapopan,
Jalisco, uno de los cuales fue falsamente señalado como hijo del
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera,El Chapo, y cuya captura fue
ruidosamente celebrada, en los primeros momentos, por la administración de
Felipe Calderón. La ligereza con que se actuó en ambos episodios lleva a
preguntarse si el gobierno no está partiendo de la apreciación de que la
credulidad social carece de límites y si con ello no está estrechando, en forma
acaso irreparable, los márgenes de su propia credibilidad.
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