Por
debajo de los tecnicismos y los discursos, en el fondo del debate en torno a la
reforma de la legislación laboral que se prepara en el Legislativo hay dos
posturas en pugna. Una está inspirada en el propósito de hacer más fácil la
explotación de los trabajadores por las empresas, mediante el aprovechamiento
del enorme desempleo y la pobreza mayoritaria que se abaten en el país. Para
esa postura, que apela a la necesidad de incrementar la competitividad, la
productividad y la rentabilidad de la economía nacional, los derechos y las
conquistas laborales representan estorbos que deben ser desechados, a fin de
permitir que el mercado regule por sí mismo las relaciones entre
empleadores y trabajadores en evidente provecho de los primeros. En un entorno
en que la oferta de mano de obra supera con mucho a la demanda, los salarios,
de por sí castigados y contenidos por las directivas económicas oficiales y
transnacionales, sufrirían una nueva contracción por efecto de la competencia
entre aspirantes a un puesto.
Es significativo en este aspecto el dato publicado
ayer en estas páginas acerca del desplazamiento de las mercancías chinas por
las mexicanas en el mercado estadunidense, logrado mediante la reducción de los
salarios en nuestro país. Podrá argumentarse, en efecto, un incremento de la
competitividad internacional de los productos mexicanos, pero no debiera
omitirse que tal fenómeno se traduce en México en una reducción de los niveles
de vida y bienestar de los asalariados nacionales.
En esta lógica, en la medida en que se logre la
supresión de derechos y garantías para los trabajadores será posible
transformar una porción de la miseria causada por el desempleo en miseria
contratada; la patronal logrará, así, aumentar sus utilidades, y la autoridad
podrá presumir de una reducción significativa del desempleo. Pero, más allá de
esos cuestionables logros, el país habrá dado un paso adicional a la crisis
social, la desesperanza y la degradación.
Con esta perspectiva en mente, es pertinente pugnar
por la postura contraria, es decir, una reforma de las leyes laborales que
aliente una redignificación del trabajo, libere a los asalariados de los
cacicazgos clientelares y corruptos del sindicalismo charro,preserve
derechos y conquistas plasmados en el artículo 123 constitucional y,
especialmente, que garantice niveles salariales acordes con el mandato
contenido en su fracción VI:Los salarios mínimos generales deberán ser
suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en
el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria
de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando,
además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
Durante un cuarto de siglo, el régimen ha venido
instaurando disposiciones legales y administrativas favorables a los patrones y
perjudiciales para los trabajadores. Es tiempo de abandonar esa lógica, que ha
causado gran devastación humana, y buscar fórmulas que restablezcan un mínimo
grado de equilibrio social, habida cuenta de que la productividad y la
competitividad sólo pueden sostenerse, a mediano y largo plazos, con una fuerza
laboral capacitada y satisfecha en sus necesidades básicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario