El
incremento de la violencia oficial está marcado ahora por la decisión de los
panistas con vistas al 2012 de entregar el control de las costas mexicanas a
las agencias estadunidenses. El gobierno Calderonista se está lanzando a una
nueva escalada de violencia con vistas a crear mejores condiciones para que
prosiga la toma de control de Washington del territorio nacional –esta vez en
las costas–, y extremar un clima de amedrentamiento en 2012, pero precisamente
por la cesión que ha venido haciendo al gobierno estadunidense de funciones del
Estado Mexicano, y por su responsabilidad criminal en la introducción masiva de
armas a México, la creación de grupos paramilitares y la muerte de miles de
mexicanos, Felipe Calderón está actuando con una profunda inseguridad y el
nerviosismo se ha apoderado de sus voceros.
La
introducción masiva de miles de armas estadunidenses destinadas a
paramilitares, grupos criminales y narcos, como vía para extremar
la violencia en nuestro país, acelerar la descomposición social y justificar la
injerencia de Washington fue pactada en 2006 por Calderón con el gobierno de Bush,
pretendiendo mantener está información en la oscuridad. Pero cuando por azar
fue descubierto el operativo "rápido y furioso", a
principios de marzo de este año, y el procurador Eric Holder dijo el día 10 de
ese mes que Calderón sabía todo, ambos gobiernos se enredaron en una serie de
mentiras absurdas pretendiendo ocultar lo que habían realizado de común acuerdo y que ahora parece repetirse tras hacerse público, el 4 de octubre, que entre
2006 y 2007 se llevó a cabo el "operativo Receptor abierto", de
rasgos similares.
La creación
de grupos paramilitares por el gobierno Calderonista y el temor a que esta
realidad se conozca ha aumentado la perplejidad de quienes pretenden estar
gobernando al país. Los paramilitares mexicanos del siglo XXI, creados por las
autoridades actuales, y capacitados por las fuerzas armadas siguiendo el modelo
colombiano, han sido en estos cuatro años un elemento fundamental de la “guerra
contra el narcotrafico” –que en realidad es una guerra
sucia contra México y los mexicanos–, para eliminar oponentes,
aterrorizar a la población con escenas cotidianas de horror, intensificar la
violencia irracional y reordenar el narcotráfico conforme a los intereses de Washington.
La mayor parte de las ejecuciones y actos de barbarie de estos
meses han sido originados por estos grupos, que son parte del Estado, aunque se
atribuyan a la noción vaga del crimen organizado. De ahí la irritación de los
voceros de Calderón al afirmar una y otra vez: Los paramilitares no
existen.
¿Dónde se
encuentran entonces los límites del Estado? ¿Y los del crimen organizado? ¿No
son en el modelo panista Estado y crimen organizado las dos
caras de una misma moneda?
La
afirmación hecha el día primero de octubre por el gobernador texano Rick Perry,
aspirante a la investidura republicana para 2012, en el sentido de que de
llegar a la Casa Blanca enviaría tropas a México, no hace más que reflejar un
sentimiento creciente en Estados Unidos que ha sido forjado por las políticas
antinacionales de Calderón. De ahí la vergonzosa aclaración del embajador
Arturo Sarukhán, que en vez de refutar con patriotismo tamaño despropósito se
limitó a decir que esa medida no estaba sobre la mesa, es decir que aún no
la han discutido.
La decisión
del gobierno de Obama de incrementar su presencia camuflada en México la hizo
empero patente el general Barry McCaffrey, exzar de las drogas, el
cual sostuvo que esta guerra es para
dirimir quién va a gobernar a México, si un sistema democrático o las
organizaciones de narcotraficantes, que son la mayor amenaza criminal para
Estados Unidos pues ya constituyen la más importante "entidad del crimen" en más
de 2 mil ciudades estadunidenses, donde, añadió, están reclutando a jóvenes de
su país, por lo que el problema se sitúa no sólo en la frontera norte sino
también en las costas mexicanas y en la frontera sur, lo que obliga a Washington
a acordar a México más de los mil 300 millones que le ha dado en estos tres
años, pues en Afganistán se entregan 10 mil millones al mes.
La nueva
escalada de la violencia decretada por Washington se inició con el otoño en
Veracruz bajo el esquema de los últimos años: los paramilitares incrementaron
sus acciones, de las cuales la más impactante fue el arrojar el 20 de
septiembre 35 cuerpos en Boca del Río, y en pocos días se instauró un clima de
violencia inusitada. En medio de un creciente desconcierto, las autoridades
calderonistas culparon veladamente al gobierno local
de ineptitud para terminar obligándolo a suscribir, el 4 de octubre,
en un inusitado acto solemne –en el que estuvieron los titulares de
Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Nacional– un acuerdo violatorio
de la autonomía estatal y municipal enmarcado en el operativo
Veracruz seguro, en el que las policías estatal y municipales se subordinaron a
los cuerpos federales (a su vez subordinados a las agencias estadunidenses), lo
que no fue muy difícil de alcanzar con el gobierno del priísta Javier Duarte,
admirador del franquismo español como Calderón, y en el que como era de
suponerse se ha dado el control de las operaciones a la Marina Nacional , el
cuerpo más doblegado a las agencias estadunidenses.
En Veracruz
desembarcaron en 1847 las tropas de Winfield Scott para marchar hacia la
capital, en 1914 otro desembarco de los marines en el puerto
buscó frenar los cambios revolucionarios, y ahora ahí se le abre la vía a
Washington para controlar las costas mexicanas. La selección de Veracruz no ha
sido por consiguiente un azar, pues responde al esquema implícito en la
Iniciativa Mérida, que recordaba el general McCaffrey. Estados Unidos quiere el
pleno control de las costas mexicanas, y para que no se dude el jueves 6 se
anunció un operativo similar en Guerrero. El asalto de la
ultraderecha panista al poder en México ha significado un baño de sangre para
México y la entrega del país a Estados Unidos. La hitoria se repite.
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