Por otro lado se consiguió incorporar a la Ley General de Víctimas el conjunto de reformas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil que habían quedado “inconformes” con el texto original promulgado por el presidente Peña.
La detención judicial de la profesora Elba Esther Gordillo, y las recientes reformas en materia de telecomunicaciones, son otra muestra del nivel logrado en el terreno de los acuerdos entre los partidos políticos y el Gobierno Federal, a través del llamado Pacto por México, el cual ha demostrado ser a la vez un proceso y un efectivo método de acuerdo entre las distintas visiones y fuerzas representadas en el Congreso federal.
A pesar de estos importantes avances, no puede desconocerse que poco se ha logrado en otros terrenos, que son de prioridad nacional, pues siguen vulnerando la fuerza de las instituciones, y sobre todo, la legitimidad de nuestra democracia, desbordando incluso el ámbito de lo gubernamental y situándose en el ámbito de las instituciones que tienen rango de autonomía constitucional.
Los casos más penosos se encuentran en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y el IFE. En el primero, debido a los escándalos provocados por sus propios consejeros y consejeras, quienes se han dado a la tarea de desprestigiar públicamente los procedimientos y métodos de toma de decisiones al interior del Instituto.
En el segundo el IFE, gracias a su contralor interno quien -con base en las explicaciones y argumentos sostenidos por consejeros tan disímbolos y opuestos en posiciones como pueden serlo Lorenzo Córdova y Benito Nacif-, ha generado una campaña de desprestigio y de autoflagelación que difícilmente puede explicarse en el terreno de la lógica y el buen juicio.
Ambas instituciones son de gran calado para nuestra democracia. Por un lado, el IFE ha sido considerado incluso como un ejemplo planetario que garantiza, en buen grado y medida, la imparcialidad del gobierno en los procesos electorales, así como la justa y equilibrada competencia partidista por el poder político.
Por el otro, el IFAI es una institución que en teoría, sintetiza el anhelo de todas y todos los mexicanos por contar con instrumentos eficaces que garanticen, prioritariamente, el derecho constitucional a la información; así como la generación de capacidades para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental en el ejercicio de los recursos, así como en los procesos y la toma de decisiones en todos los ámbitos de lo público.
Los escándalos suscitados en la última semana en ambas dependencias constituyen un fuerte llamado a darle prioridad en el Congreso y, sin duda en el ámbito del Gobierno Federal, a las reformas que se requieren para darle viabilidad y sentido a las reformas que hacen falta para combatir y erradicar de una vez por toda la infame corrupción que recorre a todo el entramado institucional en todo el territorio nacional.
A lo anterior deben sumarse las serias acusaciones del Auditor Superior de la Federación en torno a los festejos del Bicentenario, responsabilidad del Gobierno de Felipe Calderón, en el que asuntos como inflar los precios de la llamada “Estela de Luz”, pero también de los eventos y adquisiciones realizadas en medio de las fiestas del Bicentenario y del Centenario, constituyen hechos de vergüenza y a la vez de exigencia de aplicación irrestricta de la ley.
En la misma tesitura están las adquisiciones vinculadas a las obras de la Línea 12 del Metro de la ciudad de México; así como las compras de terrenos en Guanajuato, para concursar por la construcción de la llamada Refinería del Bicentenario, la cual terminó por ubicarse cerca de Tula, Hidalgo, pero cuya construcción ni siquiera ha iniciado todavía.
No podemos seguir siendo un país en el que año con año se contabilizan más de 200 millones de actos de corrupción, y menos todavía uno, en el que según los datos oficiales, entre los años del 2009 y el 2011, el INEGI informa que hay menos de 246 denuncias ante el Ministerio Público, por el delito de daños patrimoniales contra el Estado, iniciadas en el ámbito del fuero común.
No podemos seguir siendo un país en el que acceder a un proceso justo en el ámbito de la procuración de la justicia sea una cuestión de dinero; y en el que cualquiera, en el nivel que sea, puede inventar cargos y acusaciones, sin que la parte acusada tenga acceso adecuado a los preceptos constitucionales dé presunción de inocencia y el debido proceso.
Hasta ahora la administración del presidente Peña Nieto ha logrado generar una percepción pública positiva relativa a que las cosas pueden mejorar. El reto mayor se encuentra en lograr que efectivamente seamos un país sustentado en la honradez y la honestidad, y para ello hay que empezar por donde se debe: en el ámbito gubernamental e institucional
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